Viernes 27 de mayo de 2022
Sobre la decisión de un Juez de Distrito en Materia Administrativa de conceder la suspensión provisional ante un amparo promovido por una asociación civil que implica la suspensión momentanea de las corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la asociación Tauromaquia Mexicana se permite señalar lo siguiente:
Con este fallo se va en contra del precepto “Prohibido prohibir”, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca promover una sociedad de mayor respeto y tolerancia ante todas las expresiones políticas, sociales y culturales de nuestro país.
Se abre la puerta a la prohibición de otras actividades como las peleas de gallos, la charrería, el jaripeo e, incluso, los zoológicos.
Con este tipo de decisiones queda clara la voluntad de aquellos que, desde una equivocada visión animalista, pretenden imponer visiones unilaterales sin tomar en cuenta las implicaciones sociales y económicas de este tipo de fallos.
Otro precepto que se olvida es la defensa de las tradiciones y de los pueblos originarios. Los derechos de las minorías y el respeto a nuestra estructura cultural no pueden verse desatendidos por la voluntad de un grupo que pretende sobreponerse a la sociedad.
Quizá el dato sea poco conocido, pero es revelador del alcance de la Tauromaquia como una industria generadora de una derrama económica anual de 6,900 millones de pesos, según fue calculado por la Secretaría de Agricultura en 2019, previo a la pandemia, y que representó ingresos fiscales para el Estado por más de 800 millones de pesos.
Quienes avalan este tipo de decisiones afectan la creación de 225 mil empleos directos e indirectos y afectan a cientos de miles de aficionados que acuden cada año a la Plaza México, la segunda más importante en el mundo y la más grande del planeta.
¿Pueden los poderes públicos imponer en forma obligatoria las opciones morales de un grupo de la sociedad al resto de los ciudadanos?
Desde el sector taurino siempre hemos pugnado por un diálogo abierto, alejado de todo fanatismo y cerrazón, siempre respetuoso de las preferencias de cada persona.
Renovamos ese llamado por el bien de una sociedad que, más de allá de verse dividida, exige vivir con la certeza de poder ejercer las libertades a las que tiene derecho.
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